Estado, gobierno y partido

Por Javier Suárez

La partida de nacimiento del estado uruguayo, y de todos sus homólogos latinoamericanos recientemente independizados del yugo ibérico, está vinculado íntimamente a un sistema legal asociado con la libertad y la razón. Paradójicamente, mientras la cuna ideológica europea respiraba aires monárquicos, del otro lado del atlántico irrumpían incipientes repúblicas con pretensiones modernas sumergidas en relaciones feudales.

Al mismo tiempo, sin que llamara la atención dadas las circunstancias del momento, emergían desde las entrañas del terruño los partidos tradicionales emparentados con diversos intereses de poder. A partir de allí, salvo algunas excepciones, el Partido Colorado de los doctores y caudillos –en clave del siglo XIX trasladado al XX- gobernó, y en muchos casos monopolizó, las estructuras de un estado con fisonomía cambiante. Tantos años en el gobierno no fueron en vano a la hora de construir el imaginario colectivo –muchas veces sin falta de argumentos- donde el coloradismo -estrechamente vinculado con la burocracia weberiana- estaba afiliado al orden, la legalidad y la disciplina. Respetar el Estado de Derecho clásico se convirtió en un pontificado absoluto.

Con todo, la legalidad descansaba en meras formalidades donde la sustancia no estaba contemplada. La importancia de la libertad radicaba en asegurar el orden público y libertad de mercado. Acaso el batllismo con el impulso y su freno logró en muchos casos reformar, y en algún otro al menos discutir, la organización política decimonónica. Su germen se encuentra en la descentralización administrativa y la matriz poblacional multiétnica –guaraníes al norte del Río Negro- propuesta por Fructuoso Rivera, o bien en la solidaridad y espíritu desinteresado de los hombres y mujeres de la Defensa en plena Guerra Grande. Sin embargo, el devenir histórico ha sido irregular y desparejo.

Varios autores contemporáneos entienden imperiosa la necesidad de revertir el Estado de Derecho por un Estado democrático de derecho, en el entendido de que lo político no puede primar sobre lo jurídico, es decir subordinar todos los actos, incluidas las leyes, a los contenidos de los derechos fundamentales proclamados por las normativas constitucionales. Garantizar un gobierno a través de leyes y no un gobierno bajo la tutela de las leyes. Una política de oportunidades para los desamparados y oprimidos independientemente de ser integrantes de un grupo de presión. O más aún, para una clase media asfixiada por el ecumenismo estatal.

Quizás desde las alturas fuese difícil reflexionar sobre los diversos asuntos públicos que atañen a la conducción de un estado y en particular a las prioridades de un partido. Ahora, desde el llano las oportunidades se presentan como impostergables. Hagamos un alto en la jornada. Esperemos retomar la consigna del novel Presidente de los Estados Unidos en 1961, John F. Kennedy, cuando es su discurso de toma de posesión invitaba a sus compatriotas a cambiar las variables imperantes del momento. La importante no era preguntarse lo que el país podía hacer por ellos, sino, por el contrario, meditar las cosas que ellos podían hacer por su país. Por la libertad del hombre. El desafío está planteado.